Huelga indefinida en el transporte por carretera: he aquí los motivos

Desde la medianoche que separa al domingo 13 del lunes 14 de marzo de 2022, todos los transportistas de España están convocados a una huelga indefinida que se llevará a cabo en todo el territorio nacional y que podría provocar un grave desabastecimiento en poco tiempo, incluso de bienes de primera necesidad tales como alimentos, medicamentos y combustibles. El motivo de esta protesta es la vertiginosa subida del precio de los carburantes, más concretamente del gasóleo, que se traduce en una pérdida de rentabilidad generalizada (a veces negativa) para los profesionales del transporte. Tanto las pequeñas y medianas compañías como los trabajadores autónomos secundarán un paro organizado por una entidad sin representación en el CNTC.

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La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, que no tiene vinculación con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, pide al Gobierno español que resuelva la lamentable situación económica y laboral que atraviesa el sector en cuestión. Los transportistas llevaban meses reclamando soluciones efectivas para una industria ahogada por una competitividad feroz y unos costes logísticos cada vez más altos. Ante la pasividad de los sindicatos y las grandes patronales, subvencionados en su mayoría y que han declarado la huelga ilegal, y con base en el aumento repentino, incontrolado y enorme del precio del gasoil, los conductores de camiones de mercancías han detenido su actividad hasta que este delicado escenario cambie para bien.

Abocados a una situación de quiebra y a unas condiciones laborales muy poco acordes con la relevancia del servicio que ofrecen y del papel que desarrollan en la sociedad, la mayoría de los transportistas se encuentra, desde hoy mismo, reivindicando sus derechos mediante la paralización de sus vehículos en todas las carreteras del país y llegando a cortar u obstaculizar el tráfico con ellos. Esto podría ocasionar, además de un problema de circulación en ciertas vías (especialmente aquellas que unen puertos marítimos con grandes ciudades), una rápida escasez de suministro de comida en los supermercados, entre otros bienes de consumo de importancia. En otras palabras, será toda la economía la que frene su avance mientras dure la protesta.

Ante el detonante que ha supuesto el nuevo precio del diésel, la principal exigencia del sector es la prohibición taxativa de la contratación de los servicios de transporte por debajo de los costes de explotación según la referencia mensual del Observatorio de Costes, organismo oficial que depende de la Dirección General de Transporte, con aplicación de sanciones en caso de incumplimiento y otras medidas de seguridad jurídica si existen impagos. También reclaman que las soluciones no beneficien sólo a los grandes operadores y que entren en vigor de forma inmediata, así como una jubilación a los 60 años para los conductores profesionales. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha anunciado que se reunirá con ellos “en los próximos días”.

En pos de evitar la desestabilización o el colapso de la cadena de suministro, que ya parte de una posición delicada debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que no es partidaria de esta acción, ha pedido al Gobierno medidas de intervención urgentes para paliar la situación. Este organismo dice que los transportistas “disponen de las herramientas necesarias” (a nivel teórico y contractual) para solventar las variaciones del precio del combustible. Pero los convocantes de la huelga alegan que estas “sólo ofrecen garantías para la viabilidad de la actividad a macroempresas de transporte”, que son las que mantienen contratos a largo plazo y de manera directa con los centros de producción.

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