¡Finalmente no habrá impuesto al diésel!

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha declarado recientemente que la equiparación de la fiscalidad entre carburantes, que haría subir de precio al gasóleo, no se producirá pese a que se trata de una medida prevista desde el año 2018. En cualquier caso, la amenaza del nuevo impuesto al diésel, que no será tal, ha servido para que el consumidor rehúya la adquisición de automóviles con este tipo de tecnología que, recordemos, ya se impuso en Europa debido a presiones políticas y decisiones que no atañían directamente a la industria. ¿Se trataba de una argucia con el propósito de manipular la tendencia de compra? ¿Será que ya no merece la pena desde el punto de vista de la recaudación?

Hace poco más de un lustro, 7 de cada 10 coches que se vendían en España llevaban motor de tipo diésel. Hoy este sistema de propulsión solo supone 2 de cada 10 ventas pese a contaminar infinitamente menos que antes. Los vehículos movidos a gasóleo se caracterizan por bajos consumos y disponibilidad de potencia en un amplio rango de trabajo del motor, especialmente a bajas vueltas. Esto, sumado a un menor coste del combustible frente a la gasolina, se tradujo en un éxito comercial para las marcas que duró décadas hasta que comenzó a demonizarse tras una serie de fraudes relacionados con las emisiones de gases contaminantes que perpetraron algunas de las más renombradas compañías del sector.

Ahora, el Gobierno de nuestro país, el cual llegó a afirmar que este carburante tenía los días contados, parece dar otra oportunidad, demasiado tardía, a una tecnología que ya ha pasado a un segundo plano en el mercado y por la que los fabricantes están dejando de apostar. Según Ribera, este brusco e inesperado cambio de rumbo responde a la realidad de que una subida impositiva en un momento en el que el precio de los combustibles fósiles parece no tener techo “perjudicaría a los que más lo necesitan”. Esa frase no sólo es evidente u obvia, sino que demuestra que el Ejecutivo es consciente del problema energético. Con todo, casi dos terceras partes del coste de los combustibles siguen siendo impuestos, aunque se trabaja para que sean justos, inclusivos y no tengan efectos perniciosos para la igualdad.

Por otro lado, el mensaje en cuestión se lanza en aras del apaciguamiento de los colectivos profesionales del transporte que, en su inmensa mayoría, siguen usando vehículos propulsados o alimentados por esta clase de carburante. Las empresas de este ámbito ven reducidos sus márgenes de beneficio mensualmente a medida que los precios de las gasolineras aumentan. Si el Gobierno aplicase una presión fiscal todavía mayor sobre el combustible, se expondría a una huelga general, motivo por el que también ha dado marcha atrás en este sentido. Con la desconfianza sembrada en el cliente y una industria en recesión debido a la incertidumbre de compra, el diésel se libra de un impuesto histórico.

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